Por qué España debe salirse de la zona euro (III), por Manuel Balmaseda

Y terminamos con el tercero, donde Balmaseda da cumplida respuesta a las apreciaciones que de sus artículos han realizado otros economistas:

Por qué España debe salirse de la zona euro (III)

Ha constituido para mí una grata sorpresa el que mi artículo haya merecido la atención de profesionales tan prestigiosos, inteligentes y cultos como los profesores Juan Velarde y Carlos Rodríguez-Braun y el economista José Carlos Rodríguez. Los tres han enriquecido el debate con interesantes aportaciones y sugerentes puntos de vista.
Intentaré sintetizar las distintas posiciones y el estado actual del debate en relación con las siguientes tesis argumentadas en mi artículo:

I. Por estar en la Zona Euro, España ha perdido competitividad frente al exterior.

II. La salida de la Zona Euro y la devaluación de la moneda nacional es la forma más expeditiva, aunque costosa, de recuperar la productividad perdida.

III. La otra alternativa, la deflación interna, tiene un coste brutal en términos de contracción económica y desempleo.

IV. La ruptura de la Zona Euro no implica la de la Unión Europea.

V. El déficit presupuestario de las Administraciones Públicas no es la causa de la crisis sino una de las consecuencias de la pérdida de competitividad exterior de la economía española.

Ninguno de los tres autores cuestiona que la economía española haya perdido competitividad frente al exterior ni defiende, al menos explícitamente, que la incorporación de España a la Zona Euro haya sido un acierto. El profesor Velarde contempla, sin desaprobarla, la alternativa de “no haber ingresado en la Zona del Euro” aunque considera que “lo hecho, hecho está y en caso de pretender volver a una nueva peseta se generarían males que no compensarían…”. Carlos Rodríguez-Braun va más allá al decir que “Manuel Balmaseda puede tener razón cuando pronostica el fin de la moneda europea”; y, aunque José Carlos Rodríguez se pronuncia claramente en contra de la salida de la Zona Euro, tampoco defiende que la moneda única haya sido un acierto. Todos coincidimos en que el abandono del euro sería muy complicado y conllevaría, al menos inicialmente, importantes costes.

La deflación interna
Las discrepancias son más evidentes a la hora de proponer soluciones a la crisis. Juan Velarde parece inclinarse por mantener el status quo, dados los peligros de la vuelta a la peseta. José Carlos Rodríguez defiende un “lento, pero real ajuste que se produciría con una devaluación interna.” Así, “con la devaluación interna quienes pierden son los que han dejado de aportar a la economía, mientras que se premia a quienes siempre aportaron valor.”

La competitividad externa, es decir, la capacidad de un país para vender sus bienes y servicios al extranjero depende de la productividad, del coste de los factores de producción y del tipo de cambio de la moneda. La productividad es consecuencia del nivel educativo, de la calidad de las infraestructuras, de la actitud de prevaleciente ante la flexibilidad laboral o la innovación, de la eficiencia del gasto público, de la eficacia de la burocracia administrativa y de otras estructuras o valores sociales cuyo cambio real y significativo, aún siendo imprescindible, exige décadas o, incluso, generaciones enteras. Si se ha perdido competitividad por tener sobrevalorada la moneda y no se puede o no se quiere recurrir a la devaluación, hay que incidir en el coste de los factores de producción, léase reducir los salarios, los alquileres, los servicios auxiliares, etc. Esto se puede intentar mediante la llamada “deflación interna” y que no es otra cosa que someter al país a una fuerte recesión económica y dejar que el mercado vaya lentamente reduciendo estos costes. Dicho sea con cierta crudeza, cuando el desempleo llegue al 35% de la población laboral y la mitad de las oficinas y locales estés desocupados, los sueldos y los alquileres habrán de bajar.

El proceso es costosísimo pues, no basta con que las nuevas contrataciones se hagan a niveles más bajos, sino que se trata de conseguir salarios y costes medios inferiores en un 30% o 40%, que es lo que se conseguiría con la devaluación. Esto suena brutal y lo es. Ciertamente, ninguno de los tres autores defiende de forma explícita esta dolorosa terapia ni entra a analizar sus costes, pero es la que, impuesta por la UE, están siguiendo éste y el anterior gobierno de España con el apoyo y sanción de la mayoría de los medios de comunicación. La experiencia histórica demuestra que, casi siempre, los intentos de “deflación interna” fracasan y, después de unos años de empobrecimiento del país y fuerte desempleo, se termina devaluando. Grecia es un buen ejemplo actual de cómo funciona la “deflación interna”.

La devaluación de la moneda
Los tres autores se pronuncian en contra de esta alternativa: “la depreciación es un impuesto”, dice el profesor Rodríguez-Braun; “es un sendero realmente peligrosísimo para España”, “significaría una fuga de capitales gigantesca” advierte el profesor Velarde.

Sin embargo, los problemas, aunque complicados, pueden ser menos dramáticos de lo que parecen. La fuga de capitales es ahora cuando se está produciendo pero se invertiría en cuanto la moneda hubiera sido devaluada y los inversores pudieran comprar activos españoles más baratos. Los costes de las importaciones, en particular la energía, se encarecerían un 30% o un 40% pero hay que tener en cuenta que, por poner un ejemplo que está en la mente de todos, sólo un tercio del precio de la gasolina corresponde al coste del petróleo, el resto son impuestos y costes internos de refino y distribución. Incluso el acceso a los mercados financieros exteriores - que ahora es casi imposible, si exceptuamos la financiación del BCE que, evidentemente, no va a ser ilimitada — podría recuperarse al cabo de uno o dos años, en la medida en que España fuera ganando credibilidad al entrar de nuevo en la senda del crecimiento, al iniciar con firmeza las reformas estructurales y al controlar seriamente el déficit público. Tenemos innumerables ejemplos históricos de Estados y grandes empresas que han realizado quitas en sus deudas y han vuelto luego al favor de los mercados. Baste recordar las quiebras de Rusia, Brasil y las de otros muchos países que hoy han recuperado la confianza o las muy recientes de General Motors o Chrysler.

También quiero puntualizar que en ningún momento he sostenido que la devaluación sea la receta que cure todos los males y que cuanto más recurra a ella un país más prosperidad alcanzará, como insinúa con fina ironía mi amigo Rodríguez-Braun. Cuando defiendo la devaluación como medida excepcional para corregir la sobrevaloración actual de la moneda en España, soy plenamente consciente de que, si no va acompañada de importantes reformas que aumenten la flexibilidad laboral, fomenten la iniciativa empresarial y mejoren la eficiencia del gasto público, entre otras muchas, en pocos años se habrá perdido de nuevo la ventaja competitiva conseguida. Es cierto que el gobierno está abordando algunas de estas reformas pero se necesitarían muchos años para que éstas pudieran por sí solas incidir de forma sensible en una reducción de los costes de producción.

El gasto público
Un comentario expreso merece el problema del gasto público. Tanto José Carlos Rodríguez como, con mucho más énfasis, el profesor Rodríguez-Braun apuntan al gasto público como la causa principal de la crisis. Deliberadamente, he querido dejar este problema de lado, no porque no tenga importancia sino porque el objeto de mi artículo era la pérdida de competitividad de la economía española y quería evitar la confusión que podría generarse al mezclar ambos problemas. Pero, ante la insistencia, me veo obligado a hacer una breve reflexión.

El gasto público puede ser eficiente o ineficiente, elevado o bajo en relación con el PIB y puede generar o no déficit presupuestario. Tomando datos correspondientes al año 2011, hay ejemplos de países con muy alto nivel de gasto público y con economías muy prósperas, como Dinamarca (53%) o Suecia (52%), y también hay países, como muchos en África o Latinoamérica, con bajísimo porcentaje de gasto público sobre el PIB y cuyas economías son un desastre. En el caso de España, sin minusvalorar la gravedad de que el gasto público sea poco eficiente, su nivel en relación con el PIB fue del 43% en 2011, algo inferior a la media de los países de la OCDE que fue del 44% en ese mismo año. La conveniencia de aumentar o reducir el nivel estructural del gasto público podría ser objeto de otro apasionante debate en el que la ideología tendría tanto lugar como la ciencia económica. Pero, como ya expliqué en mi artículo, España ha cumplido, hasta el año 2008, con las restricciones del gasto público y del déficit presupuestario impuestas por el tratado de Maastricht mejor que Francia o Alemania. Ha sido la falta de competitividad, que se ha manifestado con crudeza a raíz de la crisis financiera e inmobiliaria, la que, arruinando a las empresas y dejando en el paro al 23% de los trabajadores, ha provocado el déficit presupuestario que padece España.

El hecho de que los acreedores de Alemania y Francia estén muy preocupados con el déficit presupuestario y el riesgo de impago de los países deudores es la causa de que políticos y economistas se centren en el problema del gasto púbico y en la forma de reducirlo. Ahora bien, desde el punto de vista de los intereses de España, el objetivo prioritario debe ser recuperar la competitividad para reducir el desempleo, antes que devolver la deuda.

Las referencias históricas
Aunque Carlos Rodríguez-Braun hace una brillante exposición de la ruptura del patrón oro, ninguno de los tres autores hace referencia a ejemplos concretos de países que hayan pasado por graves crisis económicas relacionadas con la sobrevaloración de sus respectivas monedas. En mi artículo analizo el resultado conseguido por trece países que optaron por devaluar y lo comparo con la experiencia de Letonia, que siguió, con poco éxito, la receta de la deflación interna. La economía es una ciencia social muy compleja y, sin un enfoque pragmático que pueda apoyarse en referencias históricas, resulta muy difícil acertar en la elección entre distintas alternativas de política económica.